El objetivo es frenar la pandemia de Covid19, que está debilitando la recuperación económica del mundo y además prevenir miles de muertes y hospitalizaciones. Es por eso por lo que el gobierno de Biden exige a las empresas que cuenten con más de 100 personas, a los trabajadores de salud y a los empleados de contratistas de agencias federales, que deben vacunar a los trabajadores.
La fecha limite impuesta es hasta el 4 de enero de 2022 para estas tres categorías. En dado caso de no estarlo, deberán comenzar a someterse a pruebas semanales y llevar mascarilla todo el tiempo. Con dicha medida se pretende beneficiar a más de 80 millones de trabajadores del sector privado.
Como mencionó durante un discurso en la Casa Blanca el pasado mes de septiembre: “Es el momento de pasar la página” del coronavirus. Ven necesario presionar a los millones de estadounidenses que aún no se han vacunado. Funcionarios federales en una conversación con periodistas, comentaron que a partir del 4 de enero habrá inspecciones laborales y que estas incluirán un control sobre la orden de vacunación, así como sanciones de 13.600 dólares en caso de incumplimiento.
Sobre la marcha
Algunas compañías como Tyson Foods o la aerolínea United Airlines, así como algunos bancos han incluido requisitos de vacunación a sus trabajadores desde finales de septiembre. Por su parte dichas iniciativas han dado mucho de qué hablar.
Recientemente, la empresa automotriz Ford, siguiendo las pautas federales exigió a sus 32.000 empleados asalariados vacunarse antes del 8 de diciembre salvo en el caso de exención religiosa o médica.
Biden exige vacunar, pero ¿es constitucional?
Greg Abbott, gobernador de Texas pronunció recientemente una orden de prohibición de leyes locales de vacunación obligatoria. Dijo: “Ningún gobierno puede obligar a una persona a recibir una vacuna contra el Covid-19”. Y añadió: “Ninguna entidad pública o privada debe obligar a un consumidor que proporcione la prueba de vacunación para poder recibir un servicio o para ingresar a un lugar”.
No obstante, el gobierno federal justifica la medida como parte de una estrategia agresiva para combatir la pandemia. Su objetivo es evitar la propagación de la variante Delta. Es por eso por lo que la administración Biden exige vacunar a distintos sectores de la sociedad estadounidense. Según los entendidos, este es el uso más amplio de su poder presidencial desde que asumió en enero el cargo.
