Italia debe pagar una multa de 190 millones de euros que podría ascender a los 250 millones de euros contando los intereses a la compañía británica RockHopper Exploration al negarle un permiso para construir una plataforma petrolífera en 2010, amparándose en el Tratado de la Carta de la Energía TCE.
Italia apuesta a la transición energética sostenible
Según el Tratado de la Carta de Energía las empresas e inversores extranjeros pueden demandar a los Estados cuando consideren que han legislado en contra de sus beneficios presentes o futuros. La multa a Italia es 9 veces superior a la inversión inicial de la petrolera británica que fue de más de 29 millones de euros.
El Gobierno de Italia prohibió nuevos proyectos de petróleo y gas a menos de 12 millas náuticas de su costa en 2015 como respuesta a la gran preocupación medioambiental de la ciudadanía con su consecuente oposición pública.
Tan solo un año después la compañía británica RockHopper Exploration interpuso una demanda contra el estado italiano bajo el TCE por la denegación del permiso para la construcción de la plataforma petrolífera en las costas del mar adriático.
Italia se convirtió en uno de los pocos países que abandonaron dicho tratado en el 2016. Sin embargo, una de sus cláusulas permite que cualquier Estado pueda seguir siendo demandado durante 20 años después de su salida oficial por todas aquellas medidas que haya tomado antes de su fecha de salida. La demanda se resolvió según establece el TCE con un tribunal arbitral a puerta cerrada.
Temen un efecto en cadena
Muchas organizaciones ecologistas sostienen que el resto de los países deberían retirarse del TCE cuanto antes a fin de neutralizar la cláusula que los convierte en blanco de posibles demandas. Además, consideran que la condena a Italia es “escandalosa” sobre todo en el marco de la emergencia climática y crisis energética que actualmente tiene al mundo en jaque.
La portavoz de la organización ecológica Ecologistas en Acción lamenta que la Comisión Europea sostenga que la modernización del TCE sea un avance hacia la transición energética, puedes la realidad es que “da amplios poderes a las empresas de combustibles fósiles para que sigan exigiendo indemnización de dinero público cuando se cuestione su modelo de negocio”, algo que va en detrimento del medio ambiente.
